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Jueves, 05 de enero de 2006

PRONUNCIAMIENTO

La Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. deplora la muerte del migrante mexicano Guillermo Martínez Rodríguez, de 20 años de edad, quien falleció presuntamente a consecuencia de un disparo por la espalda con arma de fuego, realizado en el Cañón Zapata de Tijuana por un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, dejando en su natal Guadalajara, Jal. a su esposa y a sus dos hijos, de 2 años y de meses de nacido. De los hechos, presumiblemente fue testigo su hermano Agustín.

Este incidente fatal que ha conmocionado a la sociedad mexicana y al mundo, no es un hecho aislado, sino el resultado de una política migratoria unilateral, xenofóbica y discriminatoria. De 1998 a 2004 se registraron 25 incidentes, en los cuales migrantes mexicanos murieron o resultaron heridos por arma de fuego. En un hecho similar, Ramiro Ramírez, herido en el vientre con bala expansiva disparada en la frontera Tijuana-San Diego por agente de la Patrulla Fronteriza en octubre del año 2000, después de 15 operaciones salvó la vida de milagro, quedando inválido de por vida.

Por otro lado, son inaceptables y dignas de nuestro más amplio rechazo, las declaraciones vertidas el día de hoy al noticiario radiofónico Imagen Informativa de Jorge Fernández Meléndez por el Sr. Salvador Zamora, vocero de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, quien sostuvo:

a) Que no existe la seguridad de que el hombre que falleció en la Cruz Roja de Tijuana el pasado 31 de diciembre, identificado como Guillermo Martínez Rodríguez, sea el mismo que resultó herido con disparo de arma de fuego por un agente de la Patrulla Fronteriza un día antes, en las inmediaciones de la frontera con Tijuana;
b) Que el nombre de Guillermo Martínez Rodríguez se encuentra en los registros nacionales de la Patrulla Fronteriza “con antecedentes”, no explicando si es por la comisión de delitos o por reincidencia en el ingreso “ilegal”, que para los efectos es lo mismo, según ellos;
c) Que el migrante fallecido era un “asaltante” porque violó las leyes migratorias de aquel país;
d) Que el agente de la Patrulla Fronteriza que realizó el disparo es “víctima” por la supuesta agresión a pedradas que sufrió por parte del migrante al que le disparó (en México las leyes impiden a los policías accionar sus armas de fuego si antes no son agredidos ellos o terceras personas con otra arma de fuego, so pena de ser responsables de homicidio calificado, con alevosía y ventaja) y,
e) Que los traficantes, polleros y narcos son los que agraden a pedradas a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Estas declaraciones no reflejan otra intención más que legitimar y justificar lo injustificable: La criminalización y el uso de la fuerza letal en contra de trabajadores migratorios mexicanos y de otras nacionalidades, cuya intención no es violar las leyes migratorias del vecino país, sino buscar un trabajo digno que en sus lugares de origen se les niega, en buena parte, por las políticas económicas impuestas, entre otros, por los Estados Unidos.
El uso discrecional de armas de fuego contra inmigrantes indocumentados se debe al clima represivo que provoca una legislación migratoria estadounidense permisiva; uso que viola los Principios Básicos sobre el empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, documento del Derecho Internacional de Derechos Humanos proclamado por las Naciones Unidas el 7 de noviembre de 1990 en La Habana, Cuba.
El gobierno mexicano ha promovido sin éxito el uso de armas no letales proporcional a una agresión. En el marco de la futura discusión en el Senado estadounidense de la peor Reforma Migratoria de que tenga memoria en la historia, reiteramos que es urgente una digna y firme reacción de la Cancillería mexicana, mediante Nota Diplomática acompañada de una denuncia internacional ante los mecanismos de las Naciones Unidas, tomando como base la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que este año entró en vigor para todos los países miembros de la ONU, incluido los Estados Unidos, quien por cierto no la reconoce.

No bastan la “condena”, la exigencia de investigar los hechos ni la petición de “diálogo” al gobierno de los Estados Unidos hechas el día de hoy por el vocero presidencial desde Los Pinos. Hace falta mucho, mucho más que eso.
Mexicali, B.C., a 2 de enero de 2006
ATENTAMENTE
RAUL RAMIREZ BAENA
Presidente